two. La inmunidad prevista en el precedente apartado cesará cuando el testigo o Perito permaneciere más de cuarenta y cinco días en el territorio de la Parte requirente después del momento en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades judiciales de dicha Parte.

Las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra.

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Para que se pueda conceder la extradición es necesario que se den una serie de presupuestos, que se dividen en los siguientes tipos:

2. La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.

4. La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculpado, testigo o Perito ante las autoridades de la Parte requirente podrá no ser diligenciada si es recibida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la comparecencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formular su solicitud.

Se atenderá a todas las circunstancias que concurran en el caso, y sobre todo a si existe tratado o no, a la gravedad relativa, al lugar en el que se haya cometido el delito, la fecha de solicitud de cada Estado, la nacionalidad del investigado y la posibilidad Source de una extradición ulterior a otro Estado.

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En el proceso judicial, se revisa la legalidad de la solicitud de extradición y se determina si se cumplen los requisitos para la extradición. Si se considera que se cumplen los requisitos, se procede a la extradición de la persona buscada.

A pesar de esta excepción, España puede solicitar extradiciones de prófugos de la justicia estatal a sus 26 socios de la Unión Europea y a Reino Unido gracias a esa normativa, a los que hay que sumar los 36 países de todo el mundo con los que las autoridades españolas han ido firmando convenios bilaterales de extradición, como detalla el Ministerio de Justicia.

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Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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